La Cámara Federal analizará mañana el pedido de remoción contra Bonadio presentada por el abogado defensor del ex directivo del Banco Central Pedro Biscay, y de no prosperar el pedido, la comparencia de la ex mandataria en los tribunales federales de Comodoro Py se producirá en medio de una concentración que podría ser multitudinaria y fue convocada ante las versiones de que el juez podría ordenar su detención.
Algunas agrupaciones kirchneristas han convocado incluso a un acampe desde el lunes por la noche para acompañar al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, citado para el el martes, cuando se iniciará el operativo de seguridad ya comunicado a los periodistas acreditados.
Se trata de la causa por la venta del dólar a futuro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó en noviembre del año pasado y por la cual Bonadio acusó a la ex presidenta sin que los denunciantes, los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri, la hubieran incluido en su presentación.
Bonadio fue recusado por un ex directivo del Banco Central imputado y el tribunal escuchará sus argumentos en una audiencia citada a las 12 en los tribunales federales de Comodoro Py, tras lo cual deberá decidir la permanencia o no del juez, lo que postergaría las citaciones restantes.
La sala II de la Cámara Federal porteña fijó la audiencia oral para mañana a las 10.45, cuando los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun escucharán a los abogados Alejandro Rúa y Paula Honisch, defensores del ex directivo del BCRA Pedro Biscay.
El ex funcionario pidió apartar a Bonadío aduciendo su pérdida de imparcialidad ya que, según sus abogados, violó la «igualdad procesal» al dificultar el acceso los cuatro cuerpos del expediente y copias de «de la voluminosa documentación reservada en secretaría» y de negarse a recibir un escrito.
Bonadio imputó a Cristina y a otros doce funcionarios, incluido el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, por el supuesto delito de «defraudación a la administración pública», prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
Pero también imputa a la ex presidenta y al ahora diputado Kicillof, que goza de fueros y no puede ser detenido, de encabezar una «asociación ilícita», que equipararía su gestión de gobierno a una banda delictiva, lo que permitiría procesarla y detenerla luego de su declaración.
La ex mandataria llegará mañana a Buenos Aires procedente de Santa Cruz y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, ya confirmó que no esquivará la citación, donde sería defendida por Carlos Beraldi, su abogado en la causa Hotesur.
Cristina aparecerá en público por primera vez luego de que el viernes el fiscal Guillermo Marijuán pidiera a otro juez federal, Sebastián Casanello, que se la investigue en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez.
Bonadio la acusó en febrero de haber ordenado o autorizado a Vanoli la venta de dólar a futuro a un precio algo mayor a los 9 pesos de la cotización oficial de fin de la gestión kirchnerista, lo cual habría representado «una pérdida de 17.000 millones de dólares» a la institución monetaria.
Vanoli declaró el último jueves ante Bonadío y justificó la operación como habitual desde 2005 y ceñida a las obligaciones que fija la carta orgánica del BCRA de «formular la política cambiaria que además aprueba el Congreso» a través de su Ley de presupuesto, que entonces era evitar la devaluación brusca para contener la inflación.
Negó también que esas operaciones hubieran generado pérdida de reservas, como aseguró el juez en la imputación, porque se pactan en pesos, y sostuvo que no guarda relación con el alza de precios que, a su entender, fue resultado de la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario posterior al cambio de gobierno.
El propio denunciante, Federico Pinedo, ahora presidente provisional del Senado, buscó despegarse de Bonadío cuando días atrás recordó que en su denuncia «no figura en absoluto» la entonces mandataria sino solamente a Vanoli.
«Yo no pensaba que (la presidenta) tenía que ver», dijo Pinedo, que presentó la denuncia once días antes del ballotage presidencial y focalizó la responsabilidad en el Banco Central de lo que consideró una decisión «ruinosa».
