El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, aseguró que la propuesta de «reconciliación» impulsada por la Iglesia ante los delitos cometidos durante la última dictadura militar y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficio a un represor con la llamada ley «2×1» fue «una infeliz coincidencia».
«Si ayuda o no habrá que esperar el tiempo para ver cuál es el resultado y en la práctica cómo se aplica», afirmó al ser consultado por el fallo del máximo tribunal.
Sin embargo, el religioso aseguró que con el proceso de «reconciliación» impulsada por la Conferencia Episcopal, la Iglesia «no» está «impulsando ningún tipo de medida de reducción de pena ni de anulación de los juicios que se están llevando adelante» por la represión ilegal.
«Los juicios deben continuar y respetarse todas las garantías constitucionales, que no han tenido los que durante la década del 70 fueron secuestrados, torturados y asesinados», enfatizó Lozano en diálogo con radio Mitre y Cooperativa.
El arzobispo también indicó que «no» tienen «en agenda tratar lo relativo al fallo de la Corte» Suprema, al tiempo que aseguró que «no» sabían «de este fallo de la Corte» al momento de impulsar el proceso de «reconciliación», por lo que concluyó que «ha sido una infeliz coincidencia».
«No me parece que tengamos que dar nosotros una palabra oficial», consideró, al tiempo que aseguró que el papa Francisco no fue informado sobre el proceso de «reconciliación» por lo ocurrido durante el último golpe de Estado.
Lozano insistió en que en el marco de la asamblea plenaria que lleva adelante la Conferencia Episcopal en la localidad bonaerense de Pilar no se propuso «una mesa de diálogo» entre víctimas de la dictadura y los represores.
Sino que, indicó, «con la idea de reconciliación estamos buscando primero sensibilizarnos más nosotros» porque «hay algunos pastores que durante la última dictadura eran muy menores».
El arzobispo insistió en que «hay que aportar los datos que puedan ayudar a los familiares que esperan con angustia tener alguna información acerca de aquellos que fueron secuestrados y que no saben en qué condiciones fueron asesinados y dónde están».
«Es un deber humanitario tener esa información, sin que eso tenga que ver con la justicia, que tiene que seguir sus propios carriles», resaltó Lozano, quien reiteró que «los delitos tienen que ser juzgados por la gravedad y por los hechos que se juzgan».
