El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmó el decreto 336/17 que pone en vigencia la nueva ley de alquiles, que fija un tope a las comisiones inmobiliarias y delega el pago en los propietarios de las viviendas.
«En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.859, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de agosto de 2017», sostiene la norma rubricada por el intendente.
La ley 5859 tiene apenas nueve artículos. Fija el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador; prohíbe requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación, y traslada los costos de gestoría de informes a organismos oficiales a los dueños.
Además, establece que en los avisos web de inmuebles debe figurar una leyenda que diga: «Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes». La ley también obliga a todas las inmobiliaria a ubicar la misma frase en lugares visibles de los locales, donde concurren los inquilinos y propietarios.
En la Legislatura porteña la norma se aprobó por 51 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra.Los impulsores de la iniciativa estiman que beneficiará a más de 400.000 familias porque hoy el 35% de los habitantes porteños alquilan casas o departamentos.
Tras la votación, el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, anunció que el próximo paso será mejorar el sistema de alquileres y promover que las viviendas que están vacías sean ofrecidas en alquiler. «Este es un primer paso para lograr que sea más fácil, seguro y barato alquilar en la Ciudad. Estimamos que con esta medida, el costo de entrada para alquilar una vivienda va a bajar entre un 25% y 30%, y eso va a hacer que los inquilinos no necesiten juntar tanta plata para entrar. Además, ya estamos trabajando en alternativas para ofrecer garantías inmobiliarias que conformen a los propietarios y agilicen la operatoria», aseguró.
Sin embargo, los empresarios inmobiliarios ya anunciaron que presentarán un amparo en le Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Para Héctor D’Odórico, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), la ley no resolverá el problema de los alquileres porque no es una reforma integral. «Hasta el momento, el inquilino abonaba el 4,15% y el propietario pagaba la mitad o el 4,15% también dependiendo del acuerdo. Como la ley fija que no se puede cobrar más del 4,15%, esto implicará una reducción del 50% de los ingresos de las inmobiliarias. Habrá un traslado al precio locativo, por ejemplo un alquiler de $ 7.000 va a pasar a $ 7.500 porque el propietario va a querer recuperar eso que pagó», alertó.
En este marco, el secretario del Cucicba, Mario Gómez, anunció que presentarán un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la norma. «Afecta la libertad de trabajo de los corredores inmobiliarios. «Hará que se contraiga la oferta de alquileres, crezca el déficit habitacional y finalmente se perjudique al inquilino, que es a quien se quiere proteger», sostuvo el corredor inmobiliario.
