El Presupuesto 2018 que confeccionó el gobierno de María Eugenia Vidal será tratado el martes próximo tanto en la cámara de diputados como en la de senadores. Si bien el oficialismo tenía otros planes, logró alcanzar el apoyo de los bloques que responden a Massa, Stolbizer y a los intendentes del peronismo. Para lograr el acuerdo, Cambiemos negociará con esos bloques algunos puntos que vienen reclamando. «Lo macro ya está», aseguran en el oficialismo, ahora hay que pulir «lo micro».
Desde que enviaron el proyecto que proyecta 630 mil millones de pesos de gastos con un endeudamiento de 85 mil millones de pesos, desde Gobernación apuntaron a generar un “tratamiento exprés” de la norma. Entonces fueron los principales ministros a exponer y defender los lineamientos del Presupuesto 2018 ante legisladores del oficialismo y la oposición.
En ese marco es que intentaron llevar adelante el plan pero finalmente se dio de otra manera y tendrán que esperar hasta la semana próxima para aprobarlo. Sin dudas una tarea difícil por cómo está orientada la proyección y donde toca intereses de los intendentes bonaerenses en particular.
En este sentido, el Presupuesto viene con un “pacto fiscal” que ata de pies y manos a las gestiones comunales en un sinnúmero de atribuciones y funciones, que van desde la contratación de agentes hasta el nivel de gasto, pasando por la posibilidad de contraer deuda y más. Y, para colmo, no añade fondos para obras.
Dentro de la “ley de leyes” la polémica está centrada en el uso del llamado “Fondo Educativo”, una “caja” que el año pasado superó los 3.500 millones de pesos y que, si bien debía destinarse a educación, era ejecutado con distintos y muy laxos criterios por cada administración. Este año, el Gobierno quiere que tenga afectación específica: la reparación de edificios escolares, una responsabilidad que, en rigor, corresponde a la Provincia.
Por otro lado, el proyecto acarrea un endeudamiento que alcanza los 85 mil millones, entre las salidas al mercado y la asistencia de organismos multilaterales, y viene con recortes a la autonomía municipal, por la adhesión al “pacto fiscal” y las limitaciones del fondo educativo, hay un artículo del Presupuesto que inquieta a la oposición.
Se trata del que busca implementar la participación de actores privados en proyectos de obra pública, a partir de la adhesión de Buenos Aires a la célebre ley “PPP” que sancionó el Congreso de la Nación, y que implica, en los hechos, comprometer unos 100 mil millones de pesos de recursos bonaerenses.
