El diputado de Cambiemos, Maximiliano Abad, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear, en el en el ámbito Cámara de Diputados, una Comisión Especial que tendrá como finalidad redactar un Código de Faltas Ambientales para la Provincia de Buenos Aires.
Según el proyecto, “no existe en ninguna provincia de la República Argentina un Código de Faltas Ambientales, que es básicamente un instrumento para unificar las sanciones que hoy están dispersas en distintas leyes ambientales provinciales”. En atención a la enorme relevancia que el cuidado del medioambiente tiene en todo el mundo, la creación de un Código en esta materia en la provincia más grande Argentina es un avance significativo en cuanto a la agenda ambiental.
Abad aseguró que “la Comisión Especial tendrá facultades para convocar a distintos sectores a fin de que presenten propuestas y participen en la redacción del Código, mediante convocatoria pública, jornadas, audiencias y toda otra forma que asegure la participación de todos los sectores interesados en la temática y los mayores consensos.”
El proyecto del legislador marplatense establece “el ámbito del Derecho Administrativo como el más adecuado para corregir las conductas que no están alineadas con la protección del medioambiente, porque el derecho penal no actúa preventivamente; lo hace a posteriori. Por este motivo no es lo más adecuado para abordar esta problemática. En cambio el derecho administrativo es pro activo, actúa antes. Además agrega garantías porque dispone la creación de órganos unificados de aplicación de las sanciones y mecanismos ágiles de tramitación y control a posteriori de las mismas”.
Abad dijo, además, que “sería importante conocer las posturas y opiniones desde el Gobierno por parte del Organismo provincial para el desarrollo sostenible (OPDS), la Subsecretaria de Industria, comercio y Minería, los Municipios, y el Ministerio de Asuntos Agrarios. Desde el tercer sector, es importante el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre todo de los industriales (UIA), y organizaciones ambientalistas, como Vida Silvestre o FARN. Por último, es muy relevante también la representación del poder Judicial o el Ministerio de Justicia. Queremos involucrar a todos en la redacción del Código, que no podrá demorarse más de 180 días desde la creación de la Comisión.”
Finalmente, el diputado sostuvo: “Este tipo de herramientas son trascendentes para los ciudadanos, porque se convierten en políticas de estado y protegen derechos ambientales que no podrán ser vulnerados sin la debida sanción, como muchas veces ocurre en la actualidad. Esto modifica un criterio sobre lo que tiene que importarnos, y aquello que debemos cuidar al ejercer cualquier actividad, sea industrial, comercial, recreativa o en nuestra vida cotidiana. Por eso avanzamos en esta idea acorde a los requerimientos de una provincia que requiere un desarrollo sustentable”.
