A horas de celebrarse las elecciones partidarias de la UCR en el territorio provincial, distintas irregularidades observadas en ciudades del interior llevaron a dirimir la disputa intrapartidaria en otra cancha: la Justicia Penal.
Si bien los comicios fueron confirmados por la Junta Electoral bonaerense, los casos específicos de General Villegas y Bragado ponen en jaque la legitimidad de los sufragios venideros, debido a que, al menos una de las dos listas que compiten, fue presentada bajo avales cuyas firmas habrían sido falsificadas; e incluso (como en el caso villeguense) con rúbrica de gente que murió hace más de dos años.
Pero además de estos puntos neurálgicos donde la disputa se desbordó hasta llegar a esa instancia, distritos como Nueve de Julio, La Matanza, Merlo, Almirante Brown, Saavedra, General Pueyrredón y Tres de Febrero ya hicieron presentaciones en el Juzgado Electoral bonaerense, a cargo de la jueza María Romilda Servini.
Las rencillas en las trincheras distritales dejó heridos y suspicacias varias.
Si la fumata blanca que eligió a Daniel Salvador como “la figura del consenso radical” fue el argumento macro para ordenar las líneas internas, las desprolijidades en las presentaciones de las listas fueron el detonante de una nueva crisis en el radicalismo.
Un común denominador entre las irregularidades de avales puso en vela al arco boina blanca que predica la retórica alfonsinista. Desde esa línea advirtieron que dichas inconsistencias se vieron reflejadas en nóminas opositoras que, en la mayoría de los distritos, fueron apañadas por intendentes que responden al PRO.
En General Villegas, la cabeza de una lista es Gustavo Santillán, secretario de Seguridad del jefe comunal, Eduardo Campana. Esta papeleta se habría presentado con respaldos apócrifos, según denunció en la Justicia Penal el otro competidor, el concejal Diego Tellechea.
En Bragado, la tira que encabeza Orlando Costa tiene la venia política del intendente, Vicente Gatica, y fue denunciada por la actual titular del comité UCR, Celina Sburlatti, también por los avales.
Por fuera de los ámbitos locales, el conflicto en las ciudades del interior expuso a la conducción bonaerense del partido. Es que la Junta Electoral radical, que funciona a modo de primera instancia, fue la que dio luz verde a las listas con falsificación de firmas y avales de gente muerta que venían desde el interior.
En ese ámbito, de las tres líneas que ostentan representación (Maximiliano Abad, Daniel Salvador y Ricardo Alfonsín), la única que no tiene presencia es la del diputado nacional por la Provincia. Según pudo saber La Tecla, de los cinco miembros que conforman la Junta Elec-toral bonaerense, tres responden a Salvador y dos a Abad, ya que el único alfil del que disponía el alfonsinismo, Carlos “Calera” Sánchez, viró para el lado del funcionario provincial.
Lo paradójico del asunto es que las denuncias penales en Bragado y General Villegas no fueron las responsables de exponer en su actuación a la Junta partidaria, sino un caso que vino desde el Conurbano bonaerense.
La línea de Marcelo Locatti, en Tres de Febrero presentó un Pronto Despacho para que la Junta Electoral cumpla con la obligación de elevar su reclamo a la Justicia Federal, tras observar irregularidades en los avales de la lista contra la que compite. ¿En qué consistían dichas inconsistencias? En que entre las garan-tías que reunió la nómina que lleva como candidato a presidente al dirigente local Héctor Collia se encontraba la firma de la esposa de su competidor, el propio Locatti, actual presidente del comité radical.
Fuentes partidarias no balbucearon al afirmar a La Tecla que “la Junta Electoral se ha transformado en una junta política. Hay material para hacer dulce de leche con las irregularidades”.
Ante este panorama, la única verdad latente es que los resultados que arrojen las elecciones pueden ser un mero dato de color, ya que si la jueza Servini así lo considerara, podría suspender las elecciones en todas las ciudades, o simplemente dar de baja aquellas donde hay conflictos. Respecto de las denuncias penales que se conocieron la semana pasada, si bien el camino es más lento, puede inhabilitar a las cabezas de listas para ejercer cargos públicos.
