«La ex Presidenta está procesada en la causa «dólar futuro»; para la Cámara Federal porteña, la ex mandataria pudo ser damnificada por el juez que la investiga»
La Cámara Federal porteña decidió revocar una decisión de primera instancia y aceptó como querellante a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga la actuación del juez Claudio Bonadio en el caso del «dólar futuro», por el cual la ex jefa de Estado está procesada.
Según se supo hoy en Tribunales, la Cámara resolvió el pasado jueves revocar la decisión del juez Sergio Torres y aceptar el planteo del abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, para ser tenido como parte querellante en el proceso.
La posibilidad de aceptar a la ex Presidente como querellante deja ver que, para la Sala I, Cristina Kirchner pudo ser una damnificada por el juez Bonadio.
La ex jefa de Estado fue procesada en la causa de «dólar futuro», pero la confirmación o revocatoria de esa medida judicial aun no pudo ser revisada.
Es que la defensa de la ex Presidenta recusó a los miembros de la Sala II de la Cámara Federal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que habían confirmado a Bonadio al frente de la investigación.
Y ahora los que deben resolver sobre esta cuestión son los integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes analizarán el pedido de apartamiento de sus pares.
Ballestero y Freiler son miembros de una sala considerada afín al kirchnerismo, luego de distintos fallos como los que frenaron la causa Skanska, ratificaron el cierre de la denuncia del fiscal Alberto Nisman (por encubrimiento del atentado a la AMIA) o apartaron a Bonadio de la causa Hotesur.
Serán ahora esos jueces de la Sala I los que terminen controlando la actuación de Bonadio en el expediente de «dólar futuro» si finalmente desplazan a sus pares de la Sala II.
Por lo pronto, ahora, en una causa paralela impulsada por diputados kirchneristas, la Sala I resolvió aceptar a Cristina Kirchner como querellante.
Se trata de la investigación que recayó en el juzgado de Torres, donde se acusó a funcionarios macristas, encabezados por el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez Bonadio de haber perjudicado las arcas del Estado al pagar las operaciones de «dólar futuro» que se hicieron durante 2015.
En esa causa, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar a Sturzenegger, Bonadio, al director del Banco Central Pablo Curat, al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri, y a las firmas Caputo -propiedad de Nicolás Caputo, también amigo de Macri-, y Chery Socma SA, -que pertenece a la familia del mandatario-, por la posible vinculación con la compra de «dólar futuro».
