Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires vienen luchando una batalla desigual frente al gigante Farmacity, que busca pasar las fronteras de la General Paz con su modalidad de negocios, más parecida a la de un shopping que a la del servicio público que es característica de la venta de medicamentos en estas tierras.
Hoy hay en la provincia unas 4.500 farmacias distribuidas en cada una de las localidades bonaerenses. “Hay pueblos donde no llega el tren, pero hay dos cosas que no fallan: el párroco y el farmacéutico”, se vanaglorian desde el Colegio. Todo eso está en peligro a partir de la acción de Farmacity.
La empresa buscó primero una ley “a medida” que permitiera saltar los impedimentos que le pone a su desembarco la legislación actual. Por ejemplo, pide un anclaje “comercial” y no respetar aspectos de la normativa como la distancia mínima entre establecimientos.
Agotada esa instancia, la firma fue a la Justicia bonaerense y agotó instancias hasta llegar a la Suprema Corte, que también le dijo que no. Entonces hizo reserva del Caso Federal y se juega todas las fichas a la Corte Suprema de la Nación, ámbito donde tiene marcada influencia.
Desde el vamos, que el Máximo Tribunal del país haya aceptado el caso despierta preocupación entre los farmacéuticos. “La materia de salubridad está reservada a la provincia de Buenos Aires”, señaló María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio bonaerense.
¿Cómo se explica entonces que el tribunal presidido por Lorenzetti haya aceptado analizar la situación? Una clave para entenderlo se encuentra en la primera hoja del expediente: allí figura un poder firmado por Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Macri, CEO de la firma hasta su ingreso al Gobierno, y de Carlos Rosenkrantz, actual miembro del tribunal y ex abogado de Farmacity.
Si bien ambos declaran no tener vínculos vigentes con la compañía, en el Colegio sospechan del lobby que pueden hacer para destrabar el nudo judicial. “Esto es contra los molinos de viento, ya no como farmacéuticos, sino como ciudadanos; me parece que llegar a una instancia de poder para acomodar el beneficio propio no está bueno”, dijo Reinoso en el contacto radial.
Los vínculos de Farmacity con el poder no se agotan allí. “Andrea Hualde, abogada de Farmacity, y el juez Rosatti –integrante de la Corte- hace unos años trabajaban juntos en la Procuración del Tesoro”, agregó la colegiada.
La preocupación de los farmacéuticos es porque evalúan que el caso “dejó de ser jurídico” para transformarse en político. Un indicio claro surge del pronunciamiento de la Corte Suprema, que, aseguran, “debería haber rechazado sin más trámite el caso federal, pero no fue así”.
