El Bloque Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña presentó un pedido de informe, dirigido al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al protocolo antitomas que la ministra Soledad Acuña mencionó en una entrevista con el diario La Nación. Este pedido se suma a la carta enviada ayer por el bloque a la ministra en la que se rechaza el protocolo.
La Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde, sostuvo que «es lamentable que desde el Gobierno de la Ciudad se busque resolver los conflictos una vez más por la vía ilegal. El año pasado, en medio de las tomas de los colegios, emitieron un mail desde el Ministerio con una especie de protocolo que no fue comunicado oficialmente. Luego de la denuncia de diversos actores por la ilegalidad de la acción, desde el propio Ministerio salieron a desmentirlo. En la Asesoría General Tutelar hay una mesa de diálogo abierta. Sin embargo, hoy el Gobierno de la Ciudad vuelve a desconocer los mecanismos legales vigentes, no respeta las mesas de negociación ni a los actores implicados y nuevamente sale con un protocolo trucho que criminaliza la protesta de los y las estudiantes.»
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El pedido de informes solicita al ministerio que confirme si efectivamente elaboró un protocolo de actuación para las autoridades escolares en caso de tomas. En caso que la respuesta sea afirmativa, se solicita una copia del mismo, así como también que se aclare qué organismos fueron consultados y tuvieron participación en su redacción. El protocolo fue publicado recién en el día de hoy en el Boletín Oficial (más de una semana después de difundido en los medios) pero ninguno de los actores involucrados fue consultado y tampoco fue presentado a la Justicia.
María Florencia Gentile, plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el Bloque Unidad Ciudadana afirma que «Este protocolo resulta sumamente preocupante ya que se corre el riesgo de vulnerar derechos de los adolescentes en situaciones de protestas y reclamos estudiantiles. Sería regresivo en términos de derechos, ya que vuelve a un modelo paternalista y tutelar que responsabiliza a padres o tutores de las acciones que llevan adelante los y las estudiantes como colectivo legítimamente organizado, amparados a su vez en toda la legislación vigente, tanto leyes locales, nacionales e internacionales. Finalmente, desconoce la Recomendación 09/2017 que presenté y fue aprobada por el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que explícitamente se plantean principios de actuación que se resguardan los derechos de los y las estudiantes a manifestarse.»
