El magistrado argumentó que «se impone en el caso la búsqueda de una medida que por un lado proteja el derecho a manifestarse libremente en el marco de un estricto cumplimiento del principio de legalidad por parte de las fuerzas de seguridad» y que a su vez no impida «la competencia de otros fueros».
Furchi luego recordó que «no puede perderse de vista» que la ley 5688 es clara respecto a la sujeción de la actuación del personal policial. El pedido, entre otros puntos, fue realizado «a fines de garantizar a la concurrencia su derecho a asistir en condiciones de seguridad«.
Entre otras cosas, la medida presentada en el fuero en lo contencioso administrativo exigió que se dé cuenta de todos los vehículos, armamento e identidades del personal, que todas las filmaciones de drones hechas en las marchas sean remitidos al Juzgado Nº16, que las postas de goma solo sean utilizadas «con fines defensivos de la integridad física, nunca para dispersar manifestantes» bajo exclusiva orden judicial y que se prohíba el uso de móviles no identificados, así como la participación de policías investigados o sancionados por uso excesivo de la fuerza en manifestaciones.
“Nosotras paramos, nosotras nos cuidamos”. Bajo esa consigna, desde las asambleas de mujeres, travestis, trans y lesbianas convocadas por el colectivo Ni Una Menos Menos de cara al paro internacional y movilización del próximo 8 de marzo presentaron dos medidas ‘autosatisfactivas’ ante el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, “exigiendo a las autoridades que garanticen la seguridad y el ejercicio pleno del derecho a la protesta y a la libertad sindical de todas las mujeres, travestis, trans y lesbianas que saldremos a la calle el jueves que viene”.
La decisión surgió en el marco de las asambleas que tuvieron lugar todos los viernes de febrero en la Mutual Sentimiento. Allí, por mayoría se resolvió adoptar “una estrategia judicial preventiva para resguardar nuestros derechos el día de la movilización”.
Este lunes se presentó la medida ante el fuero Contencioso Administrativo -con el trabajo de CHANA – Feminismo Usina, La Corriente Política y Social La Colectiva, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Civil y Cultural Yo No Fui, AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) en conjunto con las legisladoras del bloque de Unidad Ciudadana de la Legislatura Porteña Hilda Victoria Montenegro, Lorena Pokoik y Andrea Conde, patrocinadas por las abogadas Graciela Alvarez Agudo e integrantes de la Red de Abogadas Feministas: Alejandra Iriarte, Julieta Perez Lavallen y Florencia Zerda.
En diciembre de 2017, la jueza en lo contencioso administrativo Patricia López Vergara le ordenó al Gobierno porteño que respete la ley 5688 sancionada por la Legislatura de la Ciudad –que apunta que los policías encargados de supervisar la seguridad en una manifestación no deben portar armas de fuego y llevar sus respectivas identificaciones.
