El diputado provincial Mariano Pinedo, del Bloque UC – FPV – PJ en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, hizo llegar su “total repudio a la infame persecución política sufrida por Cristina Fernández de Kirchner, quien por estas horas está siendo víctima de la más escandalosa operación político – jurídico – mediática, que trae aparejada la violación sistemática de elementales garantías constitucionales, en el marco de un escenario de desaparición del estado de derecho para los opositores al gobierno de Mauricio Macri”.
Asimismo, el diputado Pinedo denunció “la afectación al funcionamiento del régimen federal de gobierno garantizado por la Constitución Nacional, a partir de un juez como Claudio Bonadío que de manera escandalosamente antijurídica quiere privar a la Provincia de Buenos Aires de su representación en el Senado de la Nación”.
“Tras cartón de un burdo operativo instrumentado desde la Casa Rosada y digitado por un Mauricio Macri cada vez más decidido a imponer por la fuerza y la represión un régimen económico financiero que destruye a los intereses del pueblo argentino –enfatizó Pinedo-, el Juez Bonadío, en el mismo acto que llamó a indagatoria, pidió desafuero, detención y allanamiento de su enemiga política Cristina Fernández de Kirchner”.
El diputado de Unidad Ciudadana explicó que el llamado a declaración indagatoria se produce cuando un juez tiene motivos suficientes para sospechar que una persona ha cometido un delito, siendo la primera etapa del proceso penal, en el cual se le hace conocer al imputado del hecho del que se le acusa. El espíritu de esta audiencia es darle la oportunidad al imputado de que se defienda del hecho delictivo investigado. El juez lo invitará a manifestar la aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas. Una vez terminada la audiencia el juez de la causa cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado, esto es, el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. “Muy por el contrario, el inefable Bonadío ya resolvió, en el mismo momento en que cita a declaración indagatoria a la ex presidenta Fernández de Kirchner, que la misma es culpable, que tiene que ser detenida y que debe pedirse el desafuero en el Senado de la Nación, en donde Cristina Fernández ejerce su condición de senadora nacional en representación de la Provincia de Buenos Aires, votada por el pueblo”.
“A pesar de todo –expresa Pinedo- hay senadores nacionales que, violando todo marco institucional y jurídico y, por supuesto, todas las garantías del debido proceso, ya solicitaron dicho desafuero y, lo que es peor, algunos de ellos autorizaron con su firma un allanamiento al domicilio particular de alguien que ni siquiera fue indagada, claramente siguiendo instrucciones de un poder político, económico y mediático que quiere presa a la principal opositora al gobierno nacional”.
La propia ley de desafuero es clara cuando menciona que cuando se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador sujeto a desafuero, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial “hasta su total conclusión”. Es decir, lo que corresponde es proseguir la investigación sin avanzar sobre el desafuero hasta que exista sentencia definitiva. “En este caso, impulsado por las necesidades comunicacionales del gobierno de Mauricio Macri, que ya no tiene estamento social sin perjudicar y protesta social sin reprimir, solicita un desafuero cuando el proceso técnicamente ni empezó. La propia ley 25.320 que regula la figura constitucional del desafuero, estipula que ‘el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero’. ¿Cómo puede el sistema institucional Argentino admitir alegremente este atropello del juez Claudio Bonadío, que pide el desafuero, no ante la no presentación a declarar sino en el mismo momento que llama a indagatoria?”
En ese marco, como diputado de la provincia de Buenos Aires, un estado autónomo que tiene como representante en el Senado a Cristina Fernández de Kirchner, Mariano Pinedo denunció como “absolutamente escandaloso para todo el sistema constitucional argentino, que una provincia se quede sin su representante por el avasallamiento de un juez, siguiendo instrucciones desde Casa Rosada y desde los grupos concentrados de poder económico y mediático. Pedimos que de inmediato se instruya una causa de juicio político contra el Juez Claudio Bonadío por violación del régimen federal de gobierno”.
