El primero de marzo, Macri abrirá las sesiones de un Congreso que él mismo
ha atropellado para gobernar por decreto a cuenta de los buitres, del
capital financiero, los grupos mineros y exportadores, en función del
formidable ajuste contra la clase obrera y el conjunto del pueblo
trabajador que ellos exigen.
Macri llega al Congreso para levantar la ley cerrojo y de pago soberano
exigida por Griesa, y abrir la puerta a un reendeudamiento que agravará
exponencialmente la hipoteca de la deuda usuraria. Después de una
devaluación del 50%, de un tarifazo a favor de las privatizadas que
vaciaron y desinvirtieron en los últimos 20 años, con más de 20.000
despidos en el Estado y una cifra superior por parte de las patronales, con
una inflación galopante que devora salarios y jubilaciones; después del
fiasco de un decreto de supuesta “reducción” del impuesto al salario que
termina engrosando la lista de trabajadores que pagarán esta confiscación;
después de redoblar el rescate estatal a los pulpos mineros, petroleros y
sojeros, Macri llega al Congreso.
Llega para completar la Corte Suprema con dos jueces caracterizados por una
hostilidad de fondo a las conquistas históricas de los trabajadores y los
derechos democráticos.
Llega enfrentando a la docencia en su paritaria y, de conjunto, intentando
trasladar el fardo de la crisis a los salarios de la clase obrera y las
jubilaciones. Y pretendiendo disciplinar a los trabajadores y al pueblo
movilizado por la luz, por las viviendas, por el trabajo o el salario, con
un protocolo de seguridad que corresponde a un Estado policíal, confiriendo
a la policía, la gendarmería del gatillo fácil y el Proyecto X, las
herramientas para la represión, el espionaje y la criminalización.
Después de haber diseñado esta orientación reaccionaria por medio de
decretazos, Macri se dispone a convalidarla en el Congreso con el acuerdo
de los bloques del PJ, del Frente para la Victoria y la fundida
centroizquierda. A cambio de este apoyo, los gobernadores quieren la venia
del Estado nacional para hipotecar aún más a sus provincias. Veinte
gobernadores ya adhieren al nefasto “protocolo” y Alicia Kirchner lo puso
en práctica en los hechos, al reprimir a los estatales como antes Vidal lo
hizo con los obreros de Cresta Roja. Detrás de sus choques, macristas y
kirchneristas comparten el propósito de fondo de rescatar al capital
financiero a costa de las masas populares.
Los llamados diputados sindicales reflejan el seguidismo al gobierno de una
burocracia sindical que ya debió convocar un paro nacional por ganancias y
contra los despidos, pero que también es tributaria del interés general de
los capitalistas en la salida ajustadora. Son los mariscales de las
derrotas del movimiento obrero.
Ante esta situación el Partido Obrero ha resuelto que sus diputados, que
conforman el bloque del Frente de Izquierda, no concurran a la Sesión
Inaugural del año legislativo como una forma de repudiar la política de
entrega al gran capital, de ataque a los derechos de los trabajadores y de
atropello a las libertades democráticas que lleva adelante el gobierno con
la complicidad del propio Congreso. La misma conducta asumirán los
legisladores provinciales del Partido Obrero, cuya no concurrencia a las
sesiones de apertura de las legislaturas locales deberá ser interpretada
como un repudio al pacto de los gobernadores con Macri para descargar la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Los firmantes llamamos a todos los sectores de izquierda partidarios de
enfrentar el ajuste mediante la independencia política de los trabajadores
de los bloques patronales, a las organizaciones de lucha del movimiento
obrero y del movimiento popular, a realizar un acto en la puerta del
Congreso, y acciones similares en las legislaturas provinciales, para
acompañar nuestro rechazo con una movilización política.
