Vidal incluyó el artículo de la ley de blanqueo que generó una fuerte controversia nacional en un decreto que fija el carácter reservado de las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses.
Mientras legisladores nacionales del oficialismo y –aunque con ambigüedad- el propio presidente Mauricio Macri intentan desactivar la controversia generada por un artículo del mega proyecto de blanqueo de capitales que establece penas de prisión para periodistas que divulguen información relacionada con las declaraciones alentadas por esa iniciativa, la gobernadora María Eugenia Vidal replica esa normativa en la provincia de Buenos Aires.
Lo hizo a través de una reforma –publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense- al decreto que establece la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
El texto agrega, además del carácter reservado de las declaraciones integrales de los funcionarios, sanciones a la utilización indebida de los datos presentados por los declarantes. Aquellos que “vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por el Código Penal”.
