Por Manuela Castañeira
Esta semana, la sociedad ha asistido a un espectáculo obsceno: diputados y
senadores aumentaron sus dietas de una manera escandalosa. Ha generado
tanto repudio social que tuvieron que poner en suspenso la medida, sin que
que sepa realmente cuánto van a cobrar.
Esto se suma a los que se otorgaron a lo largo del año los funcionarios del
Poder Ejecutivo, con Macri a la cabeza, y los del Poder Judicial,
constituyendo sumas exponencialmente superiores a las de cualquier
trabajador de a pie.
Los números son clarísimos: mientras las paritarias cerraron en promedio en
un 31% para los trabajadores; los legisladores se otorgaron un aumento del
47%, que sumado a gastos de representación, desarraigo y viáticos, llegan a
redondear los $ 140.000. El mismo constituye alrededor de 20 veces el
salario de un trabajador promedio de la Argentina.
Los métodos por los cuales se decide el aumento de la dieta, también son
completamente opuestos a los que debe transitar la mayoría trabajadora.
Mientras para estos últimos existen las paritarias, mayormente
monopolizadas por la burocracia, donde prácticamente no tienen ni voz ni
voto, que a su vez debe pasar por las negociaciones con la patronal, la
presión del gobierno por ponerles un tope y la homologación del Ministerio
de Trabajo, en este caso, con la firma de los Presidentes de ambas Cámaras,
Monzó y Michetti, el aumento se considera un hecho.
Se escucharon varios argumentos para justificar esto. La diputada de
Cambiemos por Mendoza, Susana Balbo, dice que «Si yo lo comparara con
sueldos de personas que están en mi empresa y que tienen menos
responsabilidades que las de un legislador de un país, deberíamos estar
ganando el doble». Por otro lado, Héctor Recalde, jefe del bloque de Frente
para la Victoria, “Yo no quiero que me pague una multinacional, una
corporación, que después me fijen políticas porque me financiaron. Quiero
que el financiamiento sea público».
Una indignación impresionante se apoderó de la sociedad, y no es para
menos. Asiste atónita a un espectáculo vergonzoso, donde se demuestra a las
claras lo lejos que están los funcionarios de los intereses y el nivel de
vida de los trabajadores. Para esta gente ser “político” es lo opuesto por
el vértice a ser trabajador, empleado, ama de casa, estudiante. Constituye
una “diferenciación social” que los hace no sólo acreedores de altas
dietas, sino de toda una serie de privilegios y prebendas que los aproxima
más a la clase dominante que al pueblo trabajador.
Mientras en el Congreso los legisladores se aumentan indiscriminadamente
sus dietas, Macri y la CGT clausuraron la posibilidad de reabrir las
paritarias, aun cuando es un hecho que se perdieron 10 puntos porcentuales
del salario en lo que va del año; y que el bono de fin de año es una estafa
que ni siquiera obliga a los empresarios a pagarlo.
Desde el Nuevo MAS rechazamos enérgicamente este “dietazo”. Ningún
funcionario electo ni ningún juez pueden cobrar por encima del equivalente
a cinco salarios mínimos. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de
reabrir las paritarias para recuperar el salario que se perdió con la
inflación y para que ningún trabajador gane por debajo del costo de la
canasta familiar, que está oficialmente en 13.000 pesos.
Tenemos que terminar con los priviliegios a costa de las y los trabajadores.
