A través de un duro documento emitido por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, la Iglesia católica cuestionó este viernes la iniciativa del oficialismo de bajar la edad de imputabilidad y dijo que «la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad».
«No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales», dice el documento difundido por el organismo que depende de la Conferencia Episcopal Argentina.
El texto señala que el Estado no puede considerar la baja de la edad de imputabilidad «sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral».
Además, la Comisión recuerda la opinión al respecto del Papa Francisco, quien siendo Cardenal, en el año 2005, advirtió en una carta a los jóvenes sobre «una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta la forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización».
Por último, la Iglesia recordó que «la baja de punibilidad ya ha sido tratada por el Estado Nacional en el informe SENAF-UNICEF 2015, como también por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia» en el que se afirmó que una nueva ley penal juvenil “…debería establecer, como mínimo, las siguientes normas: 1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse”.
«No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi enemigos sociales», concluye el documento.
