El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk criticó el fuerte aumento en la tarifa de energía eléctrica anunciado por el gobierno nacional, que establece un incremento de entre 60% y 148% para los usuarios de Edenor y Edesur.
“Estos siderales aumentos, que se suman a los que ya se habían aplicado el año pasado y también a principios de 2017 en otros rubros de la economía, representan un golpe certero al bolsillo de los argentinos y, en especial, al del pueblo trabajador, ya que el Gobierno promueve aumentos que superan el 100% en el cuadro tarifario mientras que a los trabajadores sólo les suben el 18% del salario”, explicó Sujarchuk.
El jefe comunal advirtió además sobre las consecuencias políticas y económicas que este tipo de medidas generan en el país: “No sólo afecta la calidad de vida y el poder adquisitivo de la gente, sino que también profundiza el proceso de estancamiento que sufren los sectores productivos y la economía en general, ya que al encarecerse los gastos en la distribución y en los insumos, se empuja a nuevos aumentos de precios en el resto de los productos y servicios. Cabe recordar que el índice inflacionario de 2016 fue el más alto de los últimos 25 años”.
Asimismo, Sujarchuk destacó la doble vara con la que el Gobierno nacional mide a las empresas: “En nuestro partido de Escobar, y estoy al tanto de que la situación se repite en otros distritos de esta región, hay constantes cortes de luz cada vez que se produce una tormenta. Además, tenemos que exigirle permanentemente a Edenor que renueve los postes de luz o haga podas correctivas para evitar accidentes. En definitiva observamos una llamativa puntualidad del Gobierno para recomponer la rentabilidad de las empresas, que no es igual de rigurosa a la hora de ejercer los controles”.
Por último, el intendente mostró preocupación por los próximos aumentos que se anuncian para el servicio de gas, agua, transporte, medicina prepaga, telefonía móvil y colegios privados: “La decisión del Gobierno de no regular los precios de los servicios, o lo que es peor, habilitar un marco legal para que las empresas prestadoras apliquen aumentos abusivos, es un capítulo más de esta política de ausencia del Estado, que renuncia a su función primaria de proteger los derechos de los trabajadores y, sobre todo, de aquellos sectores de la población en situación de vulnerabilidad”.
