En una reacción veloz y de escasos antecedentes, el Senado sancionó ayer por unanimidad la ley que limita la aplicación del polémico beneficio del 2×1 a los culpables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Según trascendió anoche de fuentes oficiales, la voluntad del Poder Ejecutivo es promulgar hoy mismo la ley.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y ninguno en contra, en una sesión convocada de urgencia con el objetivo de dar una contundente respuesta al polémico fallo de la Corte de la semana pasada, que favoreció con el 2×1 al represor Luis Muiña.
Pero la nueva norma no solo alcanza a los condenados por delitos de lesa humanidad. En el Ministerio de Justicia hicieron hincapié en que el artículo 2 de la ley establece que la restricción de la aplicación del beneficio del 2×1 abarca también a los delitos comunes, siempre y cuando los condenados hayan tenido dictada la preventiva entre 1994 y 2001 (es el período en el que estuvo vigente la ya derogada ley que computaba doble los días cumplidos en prisión preventiva).
El tratamiento de la ley fue exprés. El oficialismo y la oposición en Diputados consensuaron un proyecto el martes y esa misma noche lo aprobaron y giraron al Senado. Ayer mismo, en una sesión que se extendió por unas 5 horas y en la que se cuestionó con dureza al Máximo Tribunal, se la sancionó.
Se cumplió con el objetivo político de tenerla aprobada antes de la marcha a la que los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas habían convocado para repudiar el fallo.
El proyecto, de cuatro artículos, establece en el 1° que el beneficio del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
No hubo diferencias en cuanto al debate del proyecto, que tuvo amplio consenso entre los bloques: ningún legislador, a diferencia de lo que hizo el martes el diputado salteño Alfredo Olmedo, se atrevió a cuestionar la iniciativa.
Desde el bancada del FpV-PJ, el entrerriano Pedro Guastavino explicó que la ley pretende «sentar una pauta interpretativa que impida en lo sucesivo que los genocidas puedan gozar del 2×1». Y destacó la «reprobación contundente» de todo el arco político al fallo de la Corte».
El líder del interbloque Cambiemos, el radical Ángel Rozas, cuestionó que se haya buscado pegar a la Casa Rosada con el fallo. «Pretender sacar ventajas y asociar al Gobierno con la resolución de la Corte no tiene ningún sentido. Esta es una resolución de uno de los poderes del Estado. Equivocada, absolutamente equivocada«.
En una crítica por elevación a la decisión de la Corte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, recordó que “la Argentina se comprometió a penalizar los crímenes de lesa humanidad”.
Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, resaltó “esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino en repudio de este fallo” y diferenció: “Esto no es venganza, esto es aplicar una justicia ejemplar”. Solanas cuestionó puntualmente a los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes junto a Elena Highton de Nolasco firmaron el polémico fallo.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá aprovechó para apuntar contra la jueza: «Ha cumplido su mandato y se queda sentada en su lugar como si no cumplir con la Constitución estuviera bien».
