El juez de Instrucción Ricardo Farías procesó con prisión preventiva y embargó al suspendido titular de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, acusado de ser «jefe de una asociación ilícita».
Farías le trabó embargo por $ 450.000 y envió el expediente a la Cámara del Crimen, que mañana deberá resolver un pedido de excarcelación formulado por la defensa del imputado.
Esta mañana, tal como se esperaba, la Legislatura porteña no alcanzó el quórum necesario para debatir una citación al ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad, Martín Ocampo, para que dé explicaciones sobre la detención de Potocar, en la causa penal por el cobro de dinero a comerciantes a cambio de «mayor seguridad».
La interpelación a Ocampo había sido impulsada por el legislador de la Corriente Nacional de la Militancia (CNLM) Gabriel Fuks, quien reunió las firmas de 25 legisladores de la oposición -más de un tercio de la cámara, según el artículo 68,del reglamento- para solicitar la sesión especial.
El bloque de legisladores oficialistas no se presentó esta mañana para darle inicio a la sesión especial que había sido convocada para las 10.
«Nosotros sabíamos que no iban a dar quórum, pero queríamos dejar marcada la posición que tenemos al respecto de todo este tiempo», declaró Fuks a los periodistas.
«No es una situación puntual por el caso (José) Potocar, sino en general sobre el debate de seguridad», aseguró el legislador.
Sostuvo que «hay muchas incógnitas y pocas respuestas» sobre el caso de presunta corrupción que involucra a Potocar y que «las únicas respuestas» que hubo «han sido porque la oposición se ha planteado y plantó bandera en esta cuestión».
Potocar fue detenido el 25 de abril pasado a pedido del fiscal de instrucción del distrito Saavedra-Núñez, José María Campagnoli, en el marco de una investigación por supuesto cobros de dinero a comerciantes de la zona por parte de policías de la comisaría 35a a cambio de «mayor seguridad» o «protección».
Por esta causa, varios oficiales de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva, entre ellos la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, de la Seccional 35a.
Los hechos tuvieron lugar cuando Potocar era Director General de Comisarías (DGC) de la Policía Federal y tenía el manejo de las seccionales.
Entre otras cosas, los investigadores valoraron como prueba en contra de Potocar el cuaderno secuestrado con las siglas «DGC» de la comisaría 35, con jurisdicción en Saavedra y Núñez, donde se anotaban los pagos ilegales hechos por los comerciantes.
Además, el comisario Marcelo Stefanetti, en calidad de «arrepentido» y uno de los acusados, aseguró que los sobornos que pagaban los comerciantes llegaban a manos de Potocar.
La recaudación ilegal sería organizada por Susana Amalia Aveni, autoridad jefa de la Circunscripción VII de la PFA, quien está detenida, y por Norberto Federico Villarreal, autoridad máxima para ese entonces de la Comisaría 35 de la PFA desde el mes de enero de 2016, que permanece prófugo de la Justicia.
En la causa, se acusó que Potocar también contaba con la complicidad y colaboración de subordinados, algunos de los cuales eran quienes se presentaban ante los comerciantes reclamando los pagos ilegales.
