Gobierno decidió ahora enfocar la mira sobre los supermercados. Tras haber realizado un estudio sobre el sector a comienzos de año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) decidió la semana pasada que había suficientes indicios como para iniciar una investigación sobre los supermercados por posibles conductas anticompetitivas.
«Del análisis de la situación de varios productos de consumo masivo, surgió que la relación entre proveedores y los supermercado es un tema para investigar por posibles problemas de competencia», explicaron fuentes al tanto de la investigación. «Es difícil hacer un diagnóstico en tiempos de inflación. Pero cuando la competencia no funciona, los precios pueden estar distorsionados o altos», deslizaron.
Puntualmente, la CNDC que encabeza Esteban Greco estaría apuntando a la relación de los supermercados con los proveedores, al acceso que tienen las diversas marcas en las góndolas, y al esquema de promociones, entre otras conductas.
Hasta ahora la CNDC no citó a los responsables de las cadenas. En muchas de ellas, la noticia causó sorpresa. «Si hay un sector que no está cartelizado, es el de los súper. Es un sector que, aunque parezca raro, además está perdiendo plata. Los precios de los alimentos han subido, sí, pero por otros motivos.», dijo una fuente del sector a este diario, con la condición de no ser identificada. «Por la naturaleza del negocio, en ningún otro lugar del mundo pasaría lo que está pasando acá. Si hay un sector competitivo, es el nuestro por la cantidad de actores que hay, rige la ley de oferta y demanda. Hay como 40 o 50 cadenas,100.000 almaceneros, 20.000 super chinos. es absolutamente imposible pensar que se pueden poner de acuerdo. No resiste el menor análisis. Que trabaje la CNDC y lo va a ver», agregó.
La CNDC, que depende del Secretario de Comercio, Miguel Braun, podría empezar a convocar a los responsables de los principales supermercados en las próximas semanas para que hagan su descargo. La investigación es el paso previo para que luego la CNDC emita un dictamen y decida o no una sanción sobre una compañía o un sector, como sucedió en el caso de Prisma, la responsable de Visa y Banelco, que tras el dictamen de la comisión y, para evitar ser sancionada, decidió presentarle al Gobierno un plan de desinversión.
La decisión de iniciar la investigación se vio reforzada luego de que en los estudios sobre distintos bienes de primera necesidad -lácteos, aceites, entre otros- también dispararan alertas sobre posibles conductas anticompetitivas en el último eslabón del segmento retail. Por su parte, la Secretaría de Comercio ya había intentado en el pasado desarmar el esquema de promociones de los supermercados, bancos y shoppings, por considerar que atentaban contra la transparencia de los precios.
Un tema de campaña
La investigación también llega en un momento en que muchos candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, están arremetiendo en contra de los supermercados como parte de la campaña electoral. Además de Elisa Carrió, el precandidato a senador por 1País, Sergio Massa, impulsa una ley de góndolas, como parte de su propuesta para que bajen los precios de los alimentos.
En el sector de consumo masivo, sin embargo, hace tiempo que se vienen preparando para la embestida. La ASU encargó a la consultora Abeceb, de Dante Sica, un estudio sobre el sector. Según concluyó la consultora, y publicó recientemente Vasco Martínez en una columna de opinión en un matutino, en la Argentina sólo el 38% de las compras minoristas se hacen en supermercados. «Por lo tanto -dijo-, existen otros responsables [de la suba de precios], ya que los argentinos compran más en los almacenes, los mercados, las verdulerías o carnicerías que en los supermercados. De manera similar, la consulta Nielsen afirma que la participación del sector en la compra minorista es del 35%».
Desde los supermercados esgrimen que los precios que ofrecen responden a que los productos en góndolas tienen un 42% de impuestos (IVA, Ingresos brutos, tasas municipales, entre otros), a lo que se suman los costos de energía, transporte, importaciones, y ganancias. Afirman, además, que el 100% de los trabajadores del sector que, dicen, son unos 120.000, están registrados.
