Vidal lo quiere y Vidal lo tiene. El Senado bonaerense aprobó la reforma tarifaria que elimina impuestos de las tarifas de luz y agua. La medida que era ampliamente resistida por los intendentes debido a que daña las arcas municipales, no pudo ser frenada.
De esta manera, son dos los artículos modificados. En el caso del servicio eléctrico, el Ejecutivo provincial modifica la contribución de las prestatarias eléctricas a los municipios que pasa del 6% al cero con cero uno por ciento (0,01 %) “de sus entradas brutas”.
El otro artículo es el que sustituye el 57 de la Ley Nº 13.404, en este caso de las facturas de gas. Se pasa de una contribución del 3% a una de 0,01%.
Quien abrió el juego del debate en el oficialismo fue Andrés De Leo que, anticipándose a lo que iba a ser el argumento para rechazar la decisión de Vidal, hizo hincapié en la coparticipación de los municipios. Tras detallarla, apuntó que la misma creció de manera exponencial. El artilugio del legislador buscó dar por tierra con la postura peronista de que dichas modificaciones del Ejecutivo provincial dañaba las economías de las gestiones locales.
“Este gobierno se ha caracterizado por tener generosidad”, consideró De Leo que, al mismo tiempo, resaltó los tiempos acortados en los que hoy se realizan esas transferencias. “Entendemos que puede afectar a los municipios estas reformas, pero esos municipios tienen recursos genuinos todos los meses a través de los mecanismos institucionales de la Coparticipación”, ahondó.
Tras él, el senador José Luis Pallares del Frente Renovador, aseveró que la bancada que integra respalda la medida de fondo. «La rediscusión y el sinceramiento de tarifas era necesaria pero se había hablado de gradualismo y segmentación pero eso nunca se hizo», remarcó.
En ese sentido, Pallares justificó la presentación de las modificaciones en el dictamen de minoría en la obligación de «mantener la sustentabilidad de las finanzas municipales».
Puntualmente, el proyecto del massismo buscaba que tanto las distribuidoras de energía eléctrica como las prestadoras de los servicios de agua y cloacas, comiencen a pagar a los Municipios las tasas y demás gravámenes que correspondan, prohibiendo taxativamente la posibilidad de que dichas cargas sean trasladadas a los usuarios. Esa postura, según confiaron desde el FR, procuraba un equilibrio que permita contribuir en la baja de las facturas sin desfinanciar las arcas municipales.
El senador Darío Díaz Pérez del bloque «PJ Unidad y Renovación» aseguró que «estas modificaciones le complican seriamente la vida a los municipios».
«Le queremos pedir al Presidente que tomó esta postura demagógica que le encuentre la vuelta de compensar, ayudar y exigirle a las empresas que hagan algún modelo de colbaoración», señaló el Senador.
Por el lado de Unidad Ciudadana, Federico Susbielles fue el primero en tomar la palabra y, tal como se esperaba, habló del desfinanciamiento a los municipios. No obstante, contradijo la demonización del oficialismo hacia la política de subsidiar la energía al apuntar que “Argentina, en el año 2015, estuvo en el puesto 61 de los países que subsidiaba la energía con 61 dólares per cápita y tenemos a países como España o Estados Unidos que están por arriba nuestro”.
“Ya sabemos cuál es el esfuerzo o el sacrificio que tiene que hacer el bonaerense pero queremos saber cuál es el esfuerzo que tienen que hacer las empresas”, agregó.
Fernando Carballo, retomó la palabra para el bloque massista y puntualizó que “el centro de la cuestión, de todos modos, no la tenemos que buscar en los impuestos, sino en el desproporcionado e irracional aumento de tarifas al que nos vienen sometiendo a los argentinos en los últimos tiempos”.
La presidenta del bloque de Senadores de Unidad Ciudadana FPV, Teresa García advirtió hoy que “cuando el oficialismo habla del enorme esfuerzo que hace la Gobernadora Vidal al impulsar esta quita de impuestos en realidad esconde que la incidencia de esta medida en el bolsillo de los vecinos es insignificante” y señaló que la mejora que podría acarrear ese descuento “ya se licuó con el aumento del dólar y la corrida de los últimos días”.
García explicó que el despacho de minoría de Unidad Ciudadana pretendía crear un fondo de $1.300 millones para los municipios evitando la quita de las tasas municipales desfinancie obras o afecte la normal prestación de los servicios que recaen sobre las arcas comunales.
“Apoyamos cualquier acuerdo que busque mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad pero creemos que quitarle fondo a los intendentes no ayuda a la situación de las familias, sobre todo cuando estamos entrando en un camino muy complicado y peligroso. Ya sabemos que las condiciones que impondrá el FMI serán de restricción económica, este crédito será muy duro para todos los argentinos , traerá más miseria, achique y ajuste a las provincias y a los municipios”, enfatizó García.