Los intendentes peronistas de la Provincia repudiamos la represión ocurrida hoy en La Plata por parte de la policía a los trabajadores del Astillero Río Santiago, que marchaban en defensa de sus puestos laborales.
Los intendentes peronistas de la Provincia expresamos nuestro respaldo a Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de persecución política sin precedentes en la Argentina.
En el día de hoy nos reunimos en La Plata con el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, para expresar nuestro rechazo a la escalada de tarifazos que está ahogando la economía de los bonaerenses, quienes destinan un gran porcentaje de sus ingresos a pagar el agua, el gas, la electricidad, la nafta y el transporte, cuyos incrementos se trasladan a alimentos, remedios y distintos productos de la canasta básica.
Sostenemos que cada uno de estos ejes constituye un servicio público y esencial que no puede quedar a merced de un esquema de aumentos abusivo. Es por eso que le reclamamos al Estado provincial que sean las empresas prestadoras las que absorban los aumentos, no la Provincia ni los Municipios, que requieren de esos fondos para realizar obras e implementar programas sociales que ayuden a contener los efectos de la crisis provocada por el modelo económico del gobierno nacional.
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Exigimos a las compañías que dispongan una parte de su enorme rentabilidad para absorber el costo del alumbrado público, porque la luz es seguridad y con el esquema tarifario vigente se está tornando impagable. Por eso, le pedimos también a la Provincia que establezca un programa de reconversión lumínica a Led de calles, avenidas y accesos, trabajo del que nos venimos haciendo cargo los Municipios.
Reclamamos asimismo la ampliación de la Tarifa Social a todos los hogares vulnerables e instituciones sociales de bien público, incluyendo clubes de barrio, merenderos, comedores, centros de jubilados y sociedades de fomento.
Por otra parte, expresamos nuestro repudio a la eliminación por decreto del *Fondo Federal Solidario y acordamos realizar un reclamo colectivo junto a la Defensoría del Pueblo Bonaerense para exigirle al gobierno su restitución.
El Fondo Federal Solidario establece que el 30% de lo que recaude el Estado Nacional en concepto de retenciones a la soja y sus derivados será coparticipado con las provincias, las cuales, a su vez, girarán estos recursos a sus Municipios para ser utilizados en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial.
Gracias al Fondo Federal Solidario la Provincia de Buenos Aires y todos los Municipios pudimos realizar obras de asfalto, iluminación y construcción de espacios gratuitos e inclusivos de promoción del deporte, la cultura y la educación, entre otras, que beneficiaron de forma directa a más de 16 millones de vecinos y vecinas.
No hace falta hilar muy fino para dimensionar la gravedad de la situación que atraviesa nuestra Provincia, transversal a todas las áreas, pero lo que sucede con la educación es tal vez la cara más trágica de lo que pasa cuando el Estado se ausenta. La explosión en Moreno no es un hecho aislado y debe marcar un límite.
Queremos que la Provincia declare la Emergencia en Infraestructura Educativa e invierta el 50% de los 36 mil millones de pesos que recibe de la Nación en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar, tal como hacemos los Municipios. En el caso de las Comunas, esta inversión representa 3.200 millones de pesos, el doble de lo presupuestado por la Provincia (1.700 millones). Por su lado, la PBA destina 0 pesos del Fondo de Fortalecimiento Educativo a realizar obras en las escuelas y en cambio, emplea la totalidad de estos recursos para pagos al personal.
El déficit estructural que afecta a jardines y escuelas se resuelve con compromiso y decisión política porque la educación y la seguridad de los chicos, jóvenes y docentes bonaerenses es urgente e impostergable.
Los tarifazos, la eliminación arbitraria del Fondo Federal Solidario y el abandono de la educación pública vienen a ratificar la única política del gobierno nacional: el recorte de derechos y la reducción del Estado. Por eso convocamos a todos los legisladores e intendentes de los diferentes espacios políticos a unirnos en defensa de los bonaerenses y exigirles al gobierno nacional y provincial que den marcha atrás con las medidas de ajuste y abran una mesa de diálogo para encontrar alternativas que nos permitan retomar la senda de crecimiento y reconstruir unidos una Provincia con igualdad de derechos y oportunidades para todos.
