La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un análisis sobre las políticas públicas que apuntan a la lucha contra las violencias que sufren las mujeres y las personas trans y travestis, y reclamó mayores presupuestos provinciales y municipales que permitan abordar de manera integral y articulada esta problemática.
“La implementación de políticas públicas integrales en materia de violencia de género es una deuda pendiente en Argentina. El Estado debe definir y ejecutar acciones concretas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, el acceso al empleo, a la tierra y a la vivienda que puedan garantizar una vida libre de violencias”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al conmemorarse el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Estas conclusiones se desprenden del documento “Violencia de género: un análisis sobre el abordaje de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) del organismo, un estudio que apuntó a trazar un diagnóstico del alcance de las políticas oficiales relacionadas a esta temática.
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— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) November 25, 2018
El trabajo también puso el foco en la necesidad de crear programas de atención integral para las víctimas de violencias que tengan en cuenta las instancias de conciliación entre las tareas de cuidado y el trabajo de las mujeres; el diseño de programas de protección de testigos; llevar adelante políticas reparatorias en los casos de violencias hacia las mujeres y personas trans; y la puesta en vigencia de la ley de cupo laboral para personas trans y travestis en la Provincia.
“Estas deudas en materia de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis se agravaron en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de programas gubernamentales, como así también con la reestructuración y reducción de las áreas y organismos dedicados a la problemática en los distintos niveles del Estado”, precisó Lorenzino.
Ante este panorama, la Defensoría consideró como prioritario la implementación la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en el territorio provincial, ya que su aplicación es clave en la promoción de contextos no violentos al promover prácticas educativas libres de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Desde el OVG, a su vez, explicaron que la articulación e integralidad de las políticas públicas permitiría interpelar el actual abordaje de la violencia de género que reduce la superación de las relaciones de violencia a estrategias individuales y a la atención de la emergencia.
