La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. El informe constata, una vez más, el fracaso de las políticas punitivistas, el colapso del sistema penal y la existencia de la tortura como práctica sistemática. «Es necesario el reconocimiento de la CPM como mecanismo de local de prevención de la tortura», dijo el presidente de la CPM,Adolfo Pérez Esquivel. El proyecto de ley para designar al organismo como organismo de control –tal como lo estipula el protocolo de la ONU- fue presentado por la comisión de derechos humanos del Senado provincial con las firmas de la senadora y vicepresidenta de la CPM Elisa Carca, y de los senadores Fernando Moreira —integrante, a su vez, del organismo por designación de la Legislatura— y Horacio López. El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, apoyó públicamente el proyecto.
Más de 700 personas -referentes de organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios provinciales y nacionales, miembros de la justicia, familiares víctimas de violencia institucional, público en general- acompañaron la presentación del Informe Anual 2016. El sistema de la crueldad X. Como cada año, este acto político no sólo busca exponer las cifras alarmantes que se relevan en las inspecciones a los lugares de encierro y el control de las prácticas policiales y judiciales sino que, principalmente, busca incidir en la transformación de un sistema penal que viola los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bajo este posicionamiento, y con la premisa de que la lucha contra la tortura y la impunidad es una prioridad en la agenda de políticas públicas, “es importante que las nuevas autoridades provinciales observen este informe, porque hay problemas estructurales que requieren cambios urgentes: las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, señaló Pérez Esquivel, y remarcó que “es necesario institucionalizar el trabajo de la CPM como mecanismo local de prevención de la tortura. La CPM ha demostrado compromiso e independencia de los gobiernos; esa autonomía le otorga legalidad para ser organismo de control”.
En 2004, el Estado argentino adhirió al protocolo facultativo de la lucha contra la tortura de Naciones Unidas; sin embargo, todavía no designó al mecanismo de prevención de la tortura. En todos estos años —e incluso desde antes que el protocolo entrara en vigencia en el país en el año 2006— la CPM se constituyó de hecho en el mecanismo local. Y lo hizo respetando los estándares internacionales de monitoreo y los principios de autonomía funcional y financiera que le otorgan capacidad de control sobre los poderes que deberían trabajar para erradicar la tortura. En este tiempo, el organismo realizó más de mil inspecciones, se generaron alrededor de 33 mil expedientes de víctimas con denuncias en donde se constataron más de 73 mil casos de torturas. Además, elaboró diez informes anuales y un informe especial por la masacre de Magdalena; además se realizaron múltiples intervenciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales.
En coincidencia con este reclamo, Carca junto a Moreira y López presentaron recientemente el proyecto de ley para cumplir con lo prescripto por los tratados internacionales y designar formalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura. “Esperamos que este proyecto se apruebe para que se nos confiera le legalidad del caso y sigamos fortaleciendo la defensa por los derechos humanos”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil.
El reconocimiento al trabajo de la CPM en esta materia ha sido destacado por los organismos internacionales y por la propia Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que, a partir de acordadas y resoluciones, le otorgó facultades como organismo de control. Más recientemente, durante la presentación de ayer, el secretario de derechos humanos de la Provincia, Cantón expresó públicamente su apoyo: “desde la Secretaría acompañamos este pedido para que la Comisión sea reconocida como mecanismo de prevención de la tortura”. A su vez, el vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, remarcó que “los trabajos de la Comisión son muy respetados, tienen un profundo conocimiento de todas las cárceles de la provincia, y nos comprometen a trabajar conjuntamente para revertir las graves condiciones de encierro”. En esa línea, Cantón agregó: “El Estado tiene la obligación de ponerle final a la práctica de la tortura y la labor de la CPM es fundamental; sin este trabajo, el Estado sería mucho más débil para asumir su responsabilidad”.
La mesa que presentó el informe estuvo integrada, además de Pérez Esquivel, Mendibil, Cantón y Salvador, por el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, por la referente de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, y contó con la coordinación de la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Junto a ellos, estuvieron presentes los miembros del organismo, Nora Cortiñas, Ana Barletta, Susana Méndez, Víctor De Gennaro, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso y la mencionada Elisa Carca.
Ante las nuevas autoridades, y en un contexto de reciente cambios de las gestiones del gobierno provincial y nacional, los datos de este décimo Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad —si bien corresponden al periodo enero-diciembre de 2015— son representativos de una gestión política de la seguridad que trasciende el último año y que todavía permanece intacta: la persecución y el disciplinamiento de los sectores más pobres como la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal. “La promesa de seguridad a través de la política de mano dura es inviable porque la resolución de estos conflictos es social. En cambio, el sostenimiento de estas políticas sólo provocaron la degradación del sistema institucional”, señaló Cipriano García.
Esta política de seguridad se sustenta en la demagogia punitiva y la saturación territorial que no busca controlar el delito sino administrarlo, y que se basa en la persecución de los eslabones más débiles de los mercados ilegales. “Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia”, agregó el secretario del organismo.
El resultado de esta estrategia punitivista fue el aumento constante de la tasa de prisionización que conllevó el agravamiento de las condiciones de detención y profundizó la práctica sistemática de la tortura como forma de gobierno de los lugares de encierro. En diciembre de 2015, la Provincia había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos: 39.927, de los que un 56 % tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación del 59%. En el último año, hubo 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse, y se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves. “Mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura en las cárceles”, resumió Adolfo Pérez Esquivel.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció en diciembre pasado la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, su vicepresidenta Hilda Kogan acompañó la presentación de ayer y remarcó la importancia de cada informe: “el trabajo de la Comisión no sólo es importante como documento para los poderes del Estado que deben trabajar en la defensa de los derechos humanos sino también para los familiares de las personas detenidas que sienten que alguien los escucha, los defiende y los ayuda a no sentirse solos”. “La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de la crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace quince años y que persigue a los más pobres. Es necesario tomar medidas efectivas que puedan revertir esta situación”, profundizó Cipriano García.
Entre esas medidas, además de la ya mencionada designación del mecanismo local de prevención de la tortura, es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces. Y es importante sostener el trabajo de control sobre estas políticas; en ese sentido, Cipriano García recordó que, por ejemplo, la ley de salud mental y la ley 13.298 constituyen avances en la legislación pero su aplicación no transformó las condiciones estructurales.
Hacia el cierre de la presentación, Cerruti señaló la larga trayectoria del organismo como mecanismo de inspección de lugares de encierro: “Uno ve estos informes y descubre que la tortura se ha profundizado, que falta mucho por hacer pero que el valor más alto de la CPM como de los organismos de derechos humanos es la persistencia de sus luchas”. Y agregó: “Las cárceles están pobladas de excluidos y se constituyen como un sistema pensado para deshumanizar a las víctimas”. Finalmente, y recuperando lo expuesto por todos los integrantes de la mesa, el presidente de la Comisión, Víctor Mendibil, remarcó una vez más el rasgo clasista de las políticas de seguridad: “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Perseguidos por ser pibes y por ser pobres”.
