«El magistrado dispuso que la ex presidente no pueda desprenderse de sus propiedades. “No voy a satisfacer el embargo”, dijo ella«.
Cristina Kirchner se fue de los tribunales de Comodoro Py con una inhibición general de sus bienes. La medida fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio en la causa en la que la ex presidente se encuentra procesada por la venta irregular de dólar futuro.
Como parte de la medida, el magistrado comunicó a todos los registros del país que la ex mandataria está inhabilitada para realizar operaciones de compraventa con los bienes a su nombre.
Minutos antes de las 13, Cristina Kirchner llegó a los tribunales para cumplir con la notificación personal de su procesamiento que le fue impuesta por el magistrado.
En un primer momento, su abogado, Carlos Beraldi, había informado que su defendida cumpliría con el trámite en la mesa de entradas del edificio; pero luego pidió entrar al juzgado de Bonadio para realizarlo.
Al ingresar al despacho de la secretaria del juez, la ex mandataria solicitó que cerrasen las puertas: no quería volver a ser fotografiada como le sucedió en su primera visita.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que en su breve paso por el juzgado, la ex presidente dijo: «Por el momento no voy a satisfacer el embargo». Se refería al embargo de $15 millones que Bonadio le había impuesto junto a su procesamiento.
Tras su breve paso por el despacho de Bonadio en el cuarto piso, Cristina Kirchner y su abogado subieron al despacho del fiscal Gerardo Pollicita en el quinto piso. Se trata del hombre que tiene a su cargo la instrucción de la causa Hotesur en la que la ex mandataria también es investigada.
Aunque en un número inferior al de la primera vez, un nutrido grupo de militantes del Frente para la Victoria volvió a congregarse en las escalinatas para acompañarla.
En un principio, Cristina Kirchner había sido convocada para las 10 de la mañana. Pero, gracias a un certificado médico, logró evitar una foto incómoda: que su ingreso a los tribunales de Comodoro Py coincidiera con el de Lázaro Báez, el empresario patagónico acusado de cobrar sobreprecios en la obra pública para luego pagar retornos a la familia presidencial.
Este domingo, en la primera entrevista que dio desde que dejó el poder, la ex jefa de Estado aclaró que su regreso desde Santa Cruz a la Ciudad de Buenos Aires tuvo que ver menos con la citación judicial que con el hecho de que hoy su hija Florencia cumple 26 años.
Bonadio procesó a la ex mandataria por «administración infiel en perjuicio de la administración pública» y embargó sus bienes por 15 millones de pesos. El magistrado consideró que la ex presidenta «hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas».
También dio por probada su intervención en la maniobra al sostener que «es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de USD 5.000 millones a USD 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional».
«Resultó evidente que la entonces presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo», sostuvo el juez, según recuerda la agencia de noticias DyN.
Cristina Kirchner apeló la decisión ante la Cámara Federal y recusó a los miembros de la Sala II de la Cámara Federal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que habían confirmado a Bonadio al frente de la investigación.
Deben resolver sobre esta cuestión los integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que analizarán el pedido de apartamiento de sus pares. Pero tanto Ballestero como Freiler son miembros de una sala considerada afín al kirchnerismo, luego de fallos como los que frenaron la causa Skanska, ratificaron el cierre de la denuncia del fiscal Alberto Nisman (por encubrimiento del atentado a la AMIA) o apartaron a Bonadio de la causa Hotesur.
Serán ahora esos jueces de la Sala I los que terminen controlando la actuación de Bonadio en el expediente de «dólar futuro» si finalmente desplazan a sus pares de la Sala II.
